El fraude fiscal en España está cuantificado en una suma tal, que de acabar totalmente con él, se cubriría todo el déficit presupuestario. Y aunque hay parte de él, el derivado de las necesidades materiales mínimas de algunos y de sus medios de supervivencia, al que no sería prudente atacar en este momento, la tarta aún daría para un multitudinario cumpleaños. Bien. Esto no deja de ser un planteamiento demasiado teórico. El papel lo aguanta todo, y en el terreno de lo posible, acabar con el fraude fiscal no es tan sencillo. Y menos en este país de Guzmanes de Alfarache. O sea, de tramposos, aprovechados y gente de escasa severidad con la propia conciencia (no vaya a ser que no se me entienda bien por culpa del adorno literario). Pero una cosa es que arreglar las consecuencias de los hábitos insolidarios de algunos ciudadanos no sea fácil, y otra muy distinta, el convivir con ellos con naturalidad.
Todos (y cuando digo todos quiero decir todos sin excepción) conocemos a gente que no cumple del todo con sus obligaciones fiscales. Y no digo con esto que todos seamos defraudadores, no. Lo que quiero decir es que el fraude fiscal no es patrimonio exclusivo de los tiburones profesionales de las Bolsas de Valores y los mercados financieros, ni de la gente titular de patrimonios exorbitados. Veo a gente a quien se le pone la vena del cuello gruesa por culpa de la vehemencia que les ataca cuando se refieren a la amnistía fiscal parcial introducida por el gobierno en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, y veo, con decepción, que son los mismos que te dicen un día sí y otro también: “eso no hay que meterlo en la declaración de IRPF. Hacienda aún no puede cruzar esos datos”. Hace poco un tipo que conozco, y que es el paradigma de la crítica al ‘comportamiento manirroto de las Administraciones del Estado’ (el tipo en cuestión dixit), me dijo esta frase, capaz de petrificar a cualquiera a lo Lot’s Family Style: “El fraude fiscal no es lo mismo que la elusión fiscal. No hay que confundirlos”. Elusión fiscal: inefable eufemismo. Bien, pues este tipo no es un bicho raro, por mucho que no sea un buen bicho. No nos engañemos.
Lo cierto es que el Ejecutivo Español ha arrojado la toalla. Reconoce abiertamente el fracaso de la actuación comprobadora del Estado sobre las ganas de los españoles para cumplir con sus obligaciones tributarias. Y si uno se pone a desmenuzar el asunto en términos de sentido común, tiene que llegar inevitablemente a la sospecha de que no es posible que todos los miembros del cuerpo de Inspección de la Hacienda Pública Española sean dejados o negligentes o corruptos o incompetentes. No. Lo más probable es que solo un porcentaje muy pequeño de ellos pertenezca a alguno de esos grupos. De manera que la siguiente conclusión, necesaria, es que el Estado no les provee de los medios necesarios para hacer su trabajo de una manera eficiente y efectiva. Y ahí la cosa tiene mala disculpa ni fácil utilización partidista, porque eso sí que es una clara negligencia de los gobiernos españoles durante los últimos 30 años. La amnistía fiscal parcial incorporada a los PGE del 2012 es un reconocimiento, triste y doloroso, de que no somos un país serio. Y me da igual que me digan que esto ya se había hecho antes en España, o que se ha hecho también en otros países de la Unión Europea. No somos un país serio. No, no lo somos. Así que haciendo un rápido inventario de hechos insólitos en este país en el que el tuerto es el amo, me encuentro con algunos muy claros.
A pesar de que la situación del país es casi desesperada (esto parece ser lo único en lo que los partidos políticos están de acuerdo), el tan celebrado Gran Pacto de Estado, cuyo establecimiento han prometido fomentar los dos grandes en distintos momentos del pasado (en los que, por cierto, la situación no era tan mala), hoy puede esperar. No hay tiempo que perder, y no se puede dejar la inaplazable tarea de soltar mandobles al contrincante político, para cuando lo que tenemos encima escampe un poco. No. Unos llevan a cabo acciones de gobierno que les parecían censurables hace un par de años, y los otros censuran hoy lo que ellos quisieron hacer entonces. No hay más otra que sentirse defraudado con la clase política. Ellos son los protagonistas de otro fraude hacia los ciudadanos. La exhibición de conductas que demuestran que la vocación de servicio a ellos es una definición que les es bastante ajena. Y aunque su valoración, una y otra vez, no llega al aprobado en opinión de aquellos a cuyo examen deben someterse, parece que nunca recogen la papeleta con la calificación. Sin embargo, esos mismos calificadores que no aprueban a las figuras políticas en las encuestas, siguen dándoles su voto en las consultas electorales. Quizá piensen que no hay otras opciones a las que votar, y que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O quizá siguen viviendo la fantasía de que existen ideologías diferenciadas, basamentos específicos en lo referente a la moral social y la concepción del Estado, debajo de los partidos mayoritarios; una verdad a cuartos (ya ni a medias llega a ser) porque lo único que éstos mantienen diferente es el escaparate para ver si así tientan al comprador. Luego, en el cuarto trasero, almacenan idéntico producto. En la pasada campaña electoral de las legislativas de noviembre de 2011, hubo partidos que anunciaron su intención de hacer de la lucha contra el fraude fiscal su principal argumento de gobierno. O sea, que había alternativas. Pero se conoce que no supimos escucharlos atentamente, porque no obtuvieron el respaldo necesario como para condicionar y vigilar la acción de gobierno. También es verdad que la ley electoral que tenemos, un flagrante fraude, otro más, a la representatividad efectiva en el Parlamento, no les ha ayudado demasiado.
Mientras tanto, determinados grupos sociales y políticos enarbolan la pancarta de que el Estado del Bienestar es un concepto etéreo e ingrávido. Una realidad ectoplásmica cuya conservación depende exclusivamente de la voluntad de las personas, sin que tenga importancia alguna el hecho de que haya o no dinero en la caja. Y que además, su eliminación puede ser considerada como un bien por parte de algunos, y en consecuencia, buscada conscientemente. Y hay quien compra estas ideas. Parece que en tiempos revueltos, los mercadillos del disparate, la demagogia y el fraude conceptual funcionan bien. Somos como esas comunidades de vecinos en las que se decide arreglar el ascensor (por unanimidad, como está mandado), y en las que a renglón seguido se rechaza la subida del recibo mensual para poder pagarlo.
El triste corolario que se me ocurre para todas estas reflexiones, admito que no muy optimistas, es que se puede comprender perfectamente a los jóvenes, esos ciudadanos de músculos y voluntad aún vigorosos, cuando toman la difícil decisión de buscar una solución a todo esto en otro lado. Y es que, aunque duele decirlo, verdaderamente este país está para irse.
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